El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya Cortés, emitió la validez de la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir una ley en materia de registro público inmobiliario y catastros, tras ser avalada por la mayoría de las legislaturas estatales.

La declaratoria se hizo luego de que la reforma fuera avalada por los congresos de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Coahuila, Durango, Guanajuato, Hidalgo, México, Morelos, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.

Anaya Cortés dio cuenta del oficio que al respecto envió el Senado de la República y turnó la reforma al Ejecutivo federal para su promulgación.

La reforma adiciona una fracción XXIX-R al artículo 73 de la Constitución para facultar al Congreso de la Unión a expedir una ley en materia de registro público inmobiliario y catastros, lo que permitirá contar con valores actualizados y uniformes.

Al fundamentar esta reforma, el pasado 17 de julio, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Julio César Moreno Rivera, mencionó que tiene el propósito de otorgar seguridad jurídica a la propiedad y facilitar la traslación de dominio de los inmuebles.

En su intervención recordó que en la actualidad, el catastro y la base gravable para la generación del impuesto predial, se encuentran desactualizados, además de que los registros públicos no están modernizados ni armonizados con los catastros.

Asimismo, existe dispersión de leyes, acuerdos y dispositivos normativos en materia de registro inmobiliario, lo que ha provocado políticas de gobierno encontradas o dispares, subrayó.

«Por ello, es necesario contar con valores catastrales actualizados y uniformes con los registros públicos, sin que ello implique cobrar más impuestos a la población», aseveró.

Moreno Rivera sostuvo que con esta reforma en materia de registro público inmobiliario y catastros, los estados y municipios tendrán una herramienta útil para diseñar mejores políticas de desarrollo y ordenamiento urbano y de vivienda.

«Se fortalecerán las haciendas locales por medio de la recaudación de impuestos inmobiliarios, como los impuestos predial y de traslado de dominio, lo que simboliza un paso adelante en el camino de la seguridad y la certidumbre jurídica de la que actualmente carecen la mayoría de los organismos registrales estatales», apuntó.